23-10-2009
Estimadas amigas y amigos reinsertados: soy radicalmente pacifista y como tal no puedo ser neutral en relación con el conflicto social y armado colombiano, pues hago parte de los humanistas latinoamericanos y del mundo, que claman por una alternativa de solución política y pacífica del prolongado conflicto interno en Colombia.
Así pues, que condeno todos los crímenes cometidos por quien sea, y principalmente condeno la guerra, por cierto una guerra dolorosa y fratricida impuesta por el régimen oligarca. Mi compromiso es únicamente con la paz, el DIH, con los derechos humanos, y con el acuerdo humanitario que facilite la libertad de los cautivos. Coincido con los sociólogos, politólogos e historiadores que afirman que tildar a los sectores revolucionarios del ELN, y a las FARC-EP como amenazas terroristas es favorecer a los mercaderes de la guerra. Reitero que la paz en mi país es un objetivo alcanzable sólo mediante la solución política del conflicto social y armado, una guerra que ha enfrentado por medio siglo a la Colombia negada e insurgente con la Colombia latifundista, rencorosa y corrupta del statu-quo que gobierna.
Mi postura es diáfana: ¡Reconocer la naturaleza política de la insurgencia colombiana es emprender con certeza el sendero de la reconciliación y la paz! ¡Y de paso es reforzar la urgente necesidad de una América Latina estable y soberana, sin intervencionismo y amenazas extranjeras!
Utilizar el pretexto del narcotráfico para agudizar la guerra en Colombia es un argumento que beneficia políticas imperiales, conocedoras de que este fenómeno es responsabilidad del capitalismo contemporáneo basado en países desarrollados, alimentado por la codicia bancaria y por el consumo de sociedades enfermas. Los campesinos cultivadores de coca y amapola son inocentes, y las guerrillas que se mueven por esos territorios no están en condiciones de adelantar una reforma agraria que resuelva la pobreza del campesinado y de las comunidades indígenas, y el eslabón de los cultivos. Hoy inclusive, buena parte de los cultivos de coca han pasado a control de latifundistas que apoyan la seguridad democrática del gobierno Uribe. El resto de la cadena productiva, transporte, distribución y captación de millonarios recursos por la droga es responsabilidad de corporaciones y mafias internacionales, no pocas veces benefactoras o ligadas a gobiernos.
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Carta abierta a las organizaciones de reinsertados
Reconocer la naturaleza política de la insurgencia es emprender el sendero de la reconciliación y la paz
Estimadas amigas y amigos reinsertados: soy radicalmente pacifista y como tal no puedo ser neutral en relación con el conflicto social y armado colombiano, pues hago parte de los humanistas latinoamericanos y del mundo, que claman por una alternativa de solución política y pacífica del prolongado conflicto interno en Colombia.
Así pues, que condeno todos los crímenes cometidos por quien sea, y principalmente condeno la guerra, por cierto una guerra dolorosa y fratricida impuesta por el régimen oligarca. Mi compromiso es únicamente con la paz, el DIH, con los derechos humanos, y con el acuerdo humanitario que facilite la libertad de los cautivos. Coincido con los sociólogos, politólogos e historiadores que afirman que tildar a los sectores revolucionarios del ELN, y a las FARC-EP como amenazas terroristas es favorecer a los mercaderes de la guerra. Reitero que la paz en mi país es un objetivo alcanzable sólo mediante la solución política del conflicto social y armado, una guerra que ha enfrentado por medio siglo a la Colombia negada e insurgente con la Colombia latifundista, rencorosa y corrupta del statu-quo que gobierna.
Mi postura es diáfana: ¡Reconocer la naturaleza política de la insurgencia colombiana es emprender con certeza el sendero de la reconciliación y la paz! ¡Y de paso es reforzar la urgente necesidad de una América Latina estable y soberana, sin intervencionismo y amenazas extranjeras!
Utilizar el pretexto del narcotráfico para agudizar la guerra en Colombia es un argumento que beneficia políticas imperiales, conocedoras de que este fenómeno es responsabilidad del capitalismo contemporáneo basado en países desarrollados, alimentado por la codicia bancaria y por el consumo de sociedades enfermas. Los campesinos cultivadores de coca y amapola son inocentes, y las guerrillas que se mueven por esos territorios no están en condiciones de adelantar una reforma agraria que resuelva la pobreza del campesinado y de las comunidades indígenas, y el eslabón de los cultivos. Hoy inclusive, buena parte de los cultivos de coca han pasado a control de latifundistas que apoyan la seguridad democrática del gobierno Uribe. El resto de la cadena productiva, transporte, distribución y captación de millonarios recursos por la droga es responsabilidad de corporaciones y mafias internacionales, no pocas veces benefactoras o ligadas a gobiernos.
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